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os jueces consideran que los directivos y consejeros dispusieron "a su antojo" del dinero de la enti El Tribunal Supremo mantiene a Rodrigo Rato la condena de cuatro años y medio por las tarjetas ‘black’
Tuesday, 02 Oct 2018 18:00 pm
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El Tribunal Supremo mantiene la condena de cuatro años y medio a Rodrigo Rato por las tarjetas black que ya le impuso la Audiencia Nacional. Las penas para el resto de los condenados oscilan entre cuatro meses y los cuatro años y medio impuestos al expresidente de Bankia. El alto tribunal ha confirmado el relato de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional y confirma la comisión del delito de apropiación indebida de otros 63 exdirectivos y exmiembros del consejo de administración de la caja, que se beneficiaron de estas tarjetas fiscalmente opacas. La condena ya firme impuesta a Rato implica, en principio, su ingreso en prisión en los próximos días, aunque será la Audiencia Nacional la que tendrá que ejecutar ahora la sentencia dictada por el Supremo.

Las penas se han reducido para algunos de los condenados al estimar el Supremo que la atenuante de reparación del daño aplicada a los acusados que consignaron judicialmente el dinero que extrajeron con la tarjeta debe entenderse en la categoría de muy cualificada y no simple, como ya estableció la Audiencia Nacional para quienes ingresaron el dinero directamente a los perjudicados (FROB o Bankia). Aparte de Rato, otros 14 exdirectivos o exconsejeros de la entidad tienen condenas superiores a los dos años de cárcel, por lo que, previblemente, tendrán que ingresar en prisión.

El Supremo ha revisado durante cuatro meses los recursos presentados contra la sentencia dictada el 23 de febrero de 2017 por la Audiencia Nacional, que consideró a los 65 acusados culpables del delito continuado de apropiación indebida por gastar más de 12,5 millones de euros entre los años 2003 y 2012 y utilizar las tarjetas para uso personal a sabiendas de que era una práctica ilegal y de que causaron un quebranto al patrimonio de la entidad financiera. Las condenas más elevadas recayeron en el que fuera presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2009, el fallecido Miguel Blesa (seis años) y  Rato. Respecto a Blesa, que murió en julio de 2017, el Supremo confirmó tras su muerte la resolución de la Audiencia Nacional y determinó que, aunque la responsabilidad penal quedaba extinta tras su fallecimiento, subsistía la acción civil contra sus herederos. El alto tribunal ha confirmado esa responsabilidad civil y obliga a los dos expresidentes de la entidad a devolver los más de 12 millones de euros gastados con las tarjetas.


La tercera condena más alta fue la del ex director general de Medios, Idelfonso Sánchez Barcoj, (condenado a dos años y medio de cárcel), a quien se considera colaborador de la operativa que contribuyó a mermar “el caudal de Caja Madrid”. El Supremo ha estimado parcialmente su recurso y rebaja de dos años y seis meses a un año menos un día de prisión por un delito continuado de apropiación indebida, lo que puede librarle de entrar en prisión. El tribunal entiende que debe ser condenado por un único delito continuado de apropiación indebida y no por dos delitos (uno como cooperador necesario y otro como cómplice) por los que le condenó la Audiencia. Además el tribunal también le aplica la atenuante muy cualificada de reparación del daño.

El Supremo confirma en esencia los hechos relatados en la resolución de la Audiencia. Blesa pagó 436.688,42 euros con las tarjetas ‘black’. Gastó 6.000 euros en una joyería, 13.148 euros en Viajes El Corte Inglés, 3.200 en vinos o 1.000 en una heladería. Rato abonó 99.054,59 euros: 3.600 en alcohol, 2.500 en arte, 2.172 en discotecas y clubs o 2.500 en arte. Los restantes acusados, exconsejeros y exdirectivos de la caja, fueron condenados como colaboradores y se les impusieron penas de entre tres meses y seis años, según lo gastado y si habían devuelto o no el dinero. En total, con las tarjetas black consejeros y directivos se gastaron 9,34 millones en la etapa de Blesa y 2,69 millones en la era Rato.

Dispusieron "a su antojo" del dinero


El alto tribunal ha analizado los recursos planteados por los 64 acusados y da una respuesta conjunta a cuestiones comunes planteadas por todos. El tribunal, como ya hizo la Audiencia, se remonta a mayo de 1988 para recordar que fue entonces cuando Jaime Terceiro, al frente de Caja Madrid, propuso en una reunión de la comisión ejecutiva completar las dietas de los consejeros con una tarjeta de crédito “para dignificar las retribuciones por asistencia a reuniones”. Era un complemento a las escasas dietas y se pedían justificantes de los gastos. Desde entonces, a los vocales del consejo y de la comisión de control, se les entregada una tarjeta. En 1995, Terceiro informó a los consejeros que solo podían usarse para gastos de representación. Entre quienes recibieron ese mensaje estaba Blesa. Sin embargo, cuando este se puso al frente de la entidad, las tarjetas opacas se normalizaron para directivos y consejeros y se creó un sistema de tarjetas de funcionamiento opaco para uso del propio presidente, miembros de algunos de sus órganos, consejo de administración y comisión de control.

Las tarjetas tenían límites de disponibilidad mensuales y anuales a cargo de una cuenta de la Caja. A sus titulares no se les exigía ninguna justificación del gasto y las cantidades no tenían reflejo alguno en los contratos que suscribían los acusados con la entidad y tampoco formaban parte de las retribuciones pactadas cuando se trataba de directivos, ni de las cantidades que estaban autorizados a recibir en concepto de dietas quienes pertenecían a los órganos de gobierno; tampoco aparecían en las declaraciones de los impuestos individuales de cada uno de ellos, ni en las certificaciones de haberes. En definitiva, corrobora la sala, no había más control que “ los limites mensuales o anuales establecidos”.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero, subraya que el delito imputado a los presidentes ejecutivos de la caja consistió en el establecimiento, puesta en marcha o mantenimiento de un sistema que permitía a los miembros de los órganos de gobierno y a ciertos directivos de la entidad “disponer a su antojo” del dinero de la caja para sus atenciones personales o para cualquier otro fin que ellos mismos establecieran.

La sentencia distingue entre el papel de los presidentes ejecutivos, que pusieron en marcha o mantuvieron este sistema de tarjetas de funcionamiento opaco, y el de los directivos que actuaron como cooperadores necesarios del mismo delito de apropiación indebida. El acuerdo, entre el autor y los cooperadores, explica la sentencia, surge de forma natural desde el momento en que el primero decide entregar nuevas tarjetas o mantener las anteriores y los segundos las reciben y deciden utilizarlas en su propio beneficio. “Los receptores de la tarjeta no tenían la obligación de utilizarla, de forma que, si lo hacían, ello implicaba que aceptaban la participación en el plan que se les ofrecía. Y con cada acto de disposición concretaban la apropiación que realizaban en su beneficio e incrementaban la apropiación total que el presidente autorizaba al señalar los límites mensuales o anuales para el uso de cada tarjeta”.

La sentencia argumenta que la consumación del delito de apropiación indebida no se producía en el momento de la entrega de la tarjeta, sino con cada utilización de la misma en ejecución de un acto concreto de apropiación. Y, según los jueces, "no es posible aceptar" que los beneficiarios de la tarjeta actuaran creyendo "que estaban actuando conforme a la ley al disponer de esa forma del dinero de la entidad para sus atenciones personales o para cualquier tipo de gasto sin control de ninguna clase y sin reflejo fiscal”.

En definitiva, la sentencia resume que “ninguna persona con una formación mínima, lo que se podría identificar con el hombre medio, podría entender de forma mínimamente razonable que unas percepciones dinerarias que funcionaban con tal grado de ocultación y opacidad, también a efectos fiscales, pudieran estar justificadas en las normas aplicables”. Con ello descarta en los acusados un error de prohibición, es decir, una atenuante o eximente de su actuación por pensar que lo que hacían era legal.

Respecto a Rato, la sentencia relata que su conducta como presidente de la entidad, al igual que la de su antecesor, consistió en mantener conscientemente un sistema que ya cuando se estableció en 1988 “estaba pervertido en su origen y en su traslado a la práctica”. Y la sentencia establece que aunque el exministro se aprovechó de su cargo, "carecía de facultades para disponer de esa forma del patrimonio sobre el que tenía serias obligaciones de cuidado". Los jueces sostienen que, dadas sus responsabilidades, experiencia y preparación para el cargo, Rato no podía ignorar el funcionamiento opaco de las tarjetas. A pesar de ello “mantuvo el sistema, e incluso lo amplió a otras personas”, afirma el tribunal, que recuerda además que el expresidente de Bankia utilizó una tarjeta en provecho propio, “a pesar de que debería haberse sentido advertido de la irregularidad de la situación por el consejero delegado F. S. Verdú, cuando este rechazó la tarjeta que se le entregó”.