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OIM y Acnur reciben ayudas millonarias de la Administración Trump para sus programas de devolución e

EE UU aumenta las donaciones a las agencias humanitarias en México ante las caravanas migrantes

El presidente de Estados Unidos (EE UU), Donald Trump, todavía no ha conseguido el muro fronterizo tantas veces prometido. Pero ese es el muro de ladrillo; hay otra barrera, más discreta y menos tangible. Tras las caravanas migrantes del año pasado, la Administración estadounidense ha aumentado la financiación a dos de las principales agencias humanitarias en México, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), dedicadas, entre otras cosas, al retorno voluntario y a la integración de los migrantes. Las donaciones millonarias pueden ser vistas, según los expertos, como una extensión de la política antimigratoria de la Casa Blanca, por otros medios.

“Si en algún momento del viaje quieres regresar a tu hogar… la OIM te puede ayudar”, reza el tuit. A principios de noviembre, mientras una caravana de 7.000 hondureños cruzaba México en dirección a EE UU y Trump arremetía contra ellos en sus discursos, la oficina de la OIM en México lanzó una nueva iniciativa. En el marco del 'Programa de retorno voluntario asistido', trabajadores con polo y gorra azul informan, organizan y pasan lista a aquellos migrantes que han decidido montarse en un autobús para regresar a sus países. Los gastos del viaje corren a cargo de la organización. O, más bien, del Gobierno de EE UU, que es quien financia con 1,2 millones de dólares anuales el proyecto. En casi mes y medio, 627 personas, en su mayoría hondureños, han sido devueltas por tierra o aire. Un 72 por ciento ha salido de Ciudad de México y otro 24 por ciento, de Tijuana, a las puertas de California.

Es el primer programa de este tipo que lanza en México OIM, organización que ha hecho del polémico modelo del retorno voluntario una de sus señas de identidad —solo en 2016, en plena ola migratoria en el Mediterráneo, fueron devueltos casi 100.000 personas, principalmente desde la Unión Europea—. Ahora, el drástico incremento de la migración centroamericana ha abierto nuevas oportunidades al otro lado del océano Atlántico. La coordinadora para la región, Alexandra Bonnie, apunta al interés de EE UU como factor para lanzar el proyecto: “Cuando hay una situación especial y un interés particular por parte de un donante, se hace algo específico para un país”, dice.

Además de la oficina de Tapachula en la frontera sur, que ya existía, la OIM ha abierto puntos de información y de registro para el retorno en Tecún Umán, la ciudad guatemalteca que hace frontera, y en Tijuana. Según Andrew Selee, presidente del Instituto de Política Migratoria, un think-tank basado en Washington, impulsar el retorno voluntario está en sintonía con las prioridades de Trump: “EE UU es una fuente de financiación para OIM globalmente, pero en este caso el programa tiene una gran importancia estratégica”, asegura. Históricamente, OIM ha sido vista como una organización muy cercana al Gobierno de EE UU, que paga alrededor de un tercio del presupuesto, y desde su fundación en 1951 casi todos sus líderes han sido estadounidenses.

También ha cambiado el rostro de Acnur, la agencia de humanitaria por excelencia. El incremento de la inmigración centroamericana ha tenido su reflejo en el presupuesto y la cantidad de personal de la oficina en México. En julio de 2016, había 20 empleados mexicanos y otros ocho expatriados, y unos siete millones y medio de dólares de presupuesto. Un año después, el personal era casi el doble y el presupuesto superaba los nueve millones. En 2018, momento en que las caravanas migrantes se convirtieron en un tema de política doméstica en EE UU, la oficina se reforzó con 10 expatriados y 10 nacionales más, y el presupuesto aumentó en casi 10 millones de dólares.

El apoyo del Gobierno de Trump ha sido fundamental para esta expansión. En 2018 hizo una donación inédita a la oficina de México de casi siete millones y medio de dólares, lo que representó más de un tercio del presupuesto total para ese año. En paralelo a este salto de financiación en México, la contribución estadounidense a las acciones de Acnur en Latinoamérica también se ha duplicado en el último año; de 27 a 62 millones de dólares.“Puede ser una forma indirecta de compensar los costos que está asumiendo México”, señala Selee. “EE UU tiene un interés en que este país fortalezca su sistema de asilo y su capacidad de recepción. Es una mezcla de buena voluntad y egoísmo”. Frente a esta dependencia financiera, Andrés Ramírez Silva, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y extrabajador de Acnur, apunta a la necesidad de “diversificar” la base de donantes. “Ningún dinero se da por amor al arte”, reconoce.

El reto al que se enfrenta México es real: el número de solicitantes de asilo, que huyen de la pobreza y de la violencia, se ha disparado de menos de 9.000 en 2016 a casi 30.000 en 2018 y el sistema de asilo se encuentra desbordado. A pesar de un número de peticiones de asilo récord, la Comar, la encargada de procesarlas, tiene un presupuesto de 20 millones de pesos para 2019 —poco más de un millón de dólares—, el más bajo en siete años y 18 veces menor al de un Acnur robustecido gracias, en parte, a las ayudas de EE UU. Ambas organizaciones negocian ahora un convenio por el que la agencia de la ONU incrementaría el apoyo financiero al ente mexicano.

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