contador gratuito
No icon

El espionaje a altos cargos abre la puerta a querellas contra la entidad y el comisario

La guerra sucia de BBVA señala a FG y delata la trama del PSOE contra el banquero

Las 15.000 escuchas telefónicas ilegales a altos cargos del Gobierno, políticos y empresarios que el excomisario José Manuel Villarejo hizo supuestamente por encargo de BBVA para contrarrestar el asalto de Sacyr a la cúpula del banco entre 2004 y 2005 han desatado una crisis institucional en la entidad y puesto en jaque a su expresidente y ahora presidente de honor, Francisco González (FG). Los pinchazos también revelan intereses políticos y empresariales cruzados y confirman que el Gobierno de Zapatero maniobró con la constructora en esa intentona.

En noviembre de 2004, tras llegar el PSOE al Gobierno, la constructora entonces presidida por Luis del Rivero comunicó su intención de comprar una 3,1 por ciento de BBVA. A Del Rivero lo acompañaban, entre otros empresarios, el vicepresidente y tercer accionistas de Sacyr, Juan Abelló, que era consejero del Santander y dimitió de ese cargo para no entorpecer la operación.

El presidente del banco, González, sospechaba que esa compra estaba orquestada desde La Moncloa, y en concreto por el jefe de la Oficina Económica del presidente Zapatero, Miguel Sebastián, que había sido director del servicio de estudios de BBVA hasta un año antes y salió de la entidad a raíz de fuertes discrepancias con el banquero. Pero además, y por la presencia de Abelló, desconfiaba de Banco Santander.

Según publican «El Confidencial» y «Moncloa.com», González recurrió a Villarejo, en prisión desde 2017, que le habría facilitado acceso a conversaciones telefónicas de la época entre los protagonistas de la operación luego frustrada, entre ellos Del Rivero, Abelló y Sebastián, lo que el excomisario llamó «grupo hostil» dentro de la «operación Trampa» montada para el banco. Los pinchazos también afectaron, entre muchos otros, al presidente de Intermoney, José Pérez; los entonces presidente y vicepresidente de la CNMV, Manuel Conthe y Carlos Arenillas, e incluso a la exvicepresidenta del GobiernoMaría Teresa Fernández de la Vega.

Las escuchas transcritas incluyen el pinchazo de una conversación en enero de 2005 supuestamente entre Sebastián y el directivo del Santander Ignacio Rupérez en la que hablan de dos asuntos. El primero, la evolución de esa operación de Sacyr sobre BBVA. Según la información filtrada, Sebastián informa a Rupérez de que se ha enviado a la CNMV una denuncia contra González por presuntas irregularidades en la venta de su sociedad, FG Valores, en 1996 con el fin de desestabilizar al banquero —algo que Conthe paró— y de que los medios de Prisa harán campaña.

Las cesiones de crédito del Santander
Rupérez, según los pinchazos publicados, dice a Sebastián que la operación cuenta con el respaldo del Santander y su presidente, Emilio Botín. En la conversación entra Fernández de la Vega, que, según lo publicado, le dice que el presidente, Zapatero, los apoya. El otro tema que tratan las tres partes y que según Rupérez preocupa a Botín es la judicialización del caso de las cesiones de crédito, unas operaciones de financiación que el Santander hizo en los 80 y que habrían supuesto un quebranto a Hacienda, causa que luego se archivó. «Transmítele (a Botín) que ya está hablado y no habrá problemas», le habría dicho Fernández de la Vega.

El intento de quitar a González de BBVA fracasó en 2005, cuando Del Rivero constató, tras consultar al Banco de España, que no podría nombrar los consejeros suficientes para tomar su control, como pretendía. Así, el entonces gobernador, Jaime Caruana, que el año pasado González nombró consejero de BBVA, frenó la operación.

El supervisor, alerta
Los altos cargos afectados por las escuchas ilegales, que 14 años después confirmarían que el Gobierno participó en la trama, podrían querellarse contra Villarejo, su empresa (Cenyt) y BBVA. La CNMV vigilará que, en caso de que el caso se judicialice y suponga algún tipo de responsabilidad patrimonial, BBVA lo refleje en sus informes como un riesgo contable. Además, el supervisor sufragaría la defensa legal de sus ex altos cargos espiados si denuncian.

El banco, que considera en un comunicado que los hechos, de ser ciertos, serían «de indudable gravedad», abrió una investigación interna el pasado junio, tres meses antes de que González anunciase, medio año antes de lo previsto, su jubilación. BBVA avanzó que, llegado el caso, tomará las medidas internas y judiciales pertinentes. Y aunque el banco no se pronuncia al respecto, en el sector financiero se apunta a que el caso, que también podría ser analizado por el BCE, podría obligar a González a renunciar a la presidencia de honor de la entidad.

Comment As:

Comment (0)